La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al pago de una indemnización de 494.723 euros a un fontanero por la explosión de una caldera que carecía de dispositivos de seguridad.
Puede afirmarse que la actuación profesional del acusado faltó a las más mínimas normas de cuidado exigibles e infringió la legislación de seguridad sobre este tipo de instalaciones”, explica la sentencia.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha condenado al pago de una multa de 30 euros a un hombre que dio una bofetada a un “youtuber”, después de que este le preguntara por unas calles de Alicante y le llamara “cara anchoa”. El denunciante grabó la escena en vídeo, para subirlo a su canal YouTube. El juez considera al agresor culpable de un delito leve de lesiones.
La sentencia rechaza imponer al condenado una indemnización de 480 euros en concepto de responsabilidad civil, como reclamaba el “youtuber”.
El juez explica que el denunciante no solo asumió el riesgo de la agresión al burlarse y llamarle “cara anchoa”, sino que “su consentimiento ha ido más allá y excede de la mera asunción del riesgo, rebasando incluso la mera auto puesta en peligro para llegar al consentimiento pleno en las lesiones”.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha negado que un trabajador el derecho a reanudar el cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años por dejar de forma voluntaria el empleo de corta duración que suspendió la prestación. Para el Tribunal Supremo, la “dimisión del trabajador no está contemplada como situación legal de desempleo, ni siquiera si ocurre durante el período de prueba”, por lo que no es posible continuar cobrando el subsidio.
Una Sentencia del T.Supremo ha unificado doctrina en relación con la vulneración del derecho a la protección de datos del trabajador ante falta de información previa sobre la finalidad y el objetivo de la instalación de cámaras de video-vigilancia. Para el Alto Tribunal, las imágenes obtenidas podrán ser consideradas como prueba válida para el despido a pesar de no haberse notificado al trabajador la posibilidad de su utilización con motivos disciplinarios. Por tanto en aplicación de la nueva doctrina jurisprudencial unificada es posible la imputación de faltas justificadas por grabaciones de seguridad a pesar de la falta expresa de comunicación al trabajador de la utilización de las mismas con motivos disciplinarios.
Interesante articulo de kontsumobide ahora que llegan las vacaciones de Semana Santa.
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ha puesto en marcha una campaña con el propósito de conseguir que 900 empresas, profesionales y comercios del País Vasco se adhieran al arbitraje de consumo. Esta vía permite la resolución extrajudicial de los conflictos de consumo entre las personas consumidoras y las compañías, sin necesidad de acudir a los tribunales, de forma ágil y gratuita.
La letrada le prometió regularizar su situación a cambio de 2.000 euros.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión a una abogada que estafó a un ciudadano de nacionalidad argelina en situación irregular prometiéndole permiso de residencia y trabajo, así como a la devolución a la víctima de los 2.000 euros que le cobró.
Por haber incurrido, también, en los delitos de falsedad en documento oficial y deslealtad profesional, el tribunal ha impuesto a la letrada, reincidente ya en esta práctica, la pena de inhabilitación especial para el desempeño de su profesión y varias multas.